El valor agregado de evaluar una política pública rigurosamente depende del momento en el ciclo de vida del programa en el que se lleva a cabo dicha evaluación. La evaluación no debiera ser muy temprano: cuando el programa aún está tomando forma y sus aristas están siendo perfeccionadas. Tampoco debiera ser muy tarde: después de que los fondos han sido asignados y que el programa se ha desplegado, de manera que no hay ya espacio para un grupo de control.

El tiempo ideal es durante la fase piloto de un programa, o antes de aumentar la escala de éste. Durante estas etapas surgen preguntas importantes que a un evaluador le gustaría poder contestar: ¿Qué tan efectivo es el programa?, ¿Es efectivo en distintas poblaciones?, ¿Hay algunos factores que funcionan mejor que otros?, y ¿pueden “los otros” ser mejorados?, ¿Es el programa efectivo cuando se aplica a una población más grande?

Durante la fase piloto, los efectos de un programa sobre una población determinada son desconocidos. El  programa incluso podría ser nuevo, o podría ser uno antiguo que se aplica a una nueva población. En ambos casos, los jefes del programa y los diseñadores de políticas públicas quisieran comprender mejor la efectividad del programa y cómo puede ser mejorado. Casi por definición, el programa piloto se aplica sólo a una porción de la población objetivo, lo que hace posible la realización de un experimento aleatorio. Luego de la fase piloto, si el programa ha resultado ser efectivo, conduciendo a un mayor apoyo y a una mayor asignación de recursos, entonces el programa puede ser replicado o expandido a todo el resto de la población objetivo.

Un ejemplo de una evaluación aplicada en el momento adecuado es el de PROGRESA, un programa de transferencias monetarias condicionadas, aplicado en México en 1997. El programa daba subsidios en  efectivo a las madres siempre y cuando éstas se aseguraran de que sus hijos fueran regularmente a la escuela y recibieran vacunas programadas. El partido político que había estado en el poder por 68 años, Partido Revolucionario Institucional (PRI), estaba enfrentando una derrota inminente en las elecciones venideras. Un resultado probable de la derrota electoral era el desmantelamiento de programas como PROGRESA. Para poder defender este programa, el PRI tuvo que  demostrar claramente la efectividad de la política pública para mejorar la salud y la educación de los niños.

PROGRESA fue introducido primero como un programa piloto en áreas rurales en 7 estados. De las 506 comunidades escogidas por el gobierno mexicano para el piloto, 320 fueron aleatoriamente asignadas al grupo de tratamiento y 186 al de control. Al comparar ambos grupos al cabo de un año, se encontró que los niveles de salud y educación de los niños tratados eran mejores. Como era de esperar, la popularidad del programa se expandió desde sus defensores iniciales y beneficiarios directos hasta la totalidad de la nación.

Luego de la esperada derrota del PRI en las elecciones de 2000, el nuevo partido político (PAN) tomó el poder y heredó un programa de gran popularidad. En vez de desmantelar PROGRESA, el PAN le cambió el nombre a OPORTUNIDADES, y lo expandió a toda la nación.

El programa se replicó rápidamente en otros países, como Nicaragua, Ecuador y Honduras. Además, siguiendo la pauta de México, estos nuevos países condujeron estudios piloto para evaluar el impacto de otros programas como PROGRESA antes de replicarlos a gran escala.