La mala calidad de la entrega de servicios en muchos países (como lo ilustra el alto ausentismo de proveedores) y una aparente falta de respuesta por parte de las burocracias a muchos problemas (por ejemplo, en monitorear la asistencia de las enfermeras) han llevado a muchos a depositar su confianza en la supervisión por parte de la comunidad. Los pobres, después de todo, son los que sufren si los servicios son deficientes. Este argumento se presenta claramente en el World Development Report 2004, el cual establece que “cuando los servicios financiados públicamente están sujetos a ser capturados… lo mejor que se puede hacer es aumentar el poder del cliente tanto como sea posible.”

La participación de la comunidad es atractiva ya que ofrece soluciones a muchos problemas que son comúnmente asociados a servicios y proyectos administrados en forma centralizada. Puede que las comunidades locales, más que los externos, tengan mejor información respecto de qué bienes y servicios necesitan y se encuentren en mejor posición para reconocer y responder rápidamente a la ineficiencia y corrupción en el momento de la implementación. Los ciudadanos que se benefician de los servicios tienen mejores incentivos para asegurarse de que son implementados de manera correcta, por lo que la comunidad puede realizar un mejor trabajo de monitoreo y toma de acciones cuando los servicios son deficientes o existe corrupción. Si los servicios son administrados o los proyectos implementados por trabajadores o agentes de gobierno locales, entonces sus pares pueden tener una mejor capacidad de asegurar la honestidad a través de sanciones sociales.

Sin embargo, existe preocupación respecto a si la participación de la comunidad es la respuesta a una infraestructura y calidad de servicio deficientes. Los miembros de la comunidad pueden no tener el poder suficiente para lograr un cambio. Los profesores y trabajadores de la salud y aquellos que organizan proyectos de infraestructura, a menudo son los mejores pagados y educados de la comunidad y puede ser difícil para los pobres quejarse acerca de ellos. Incluso cuando existen personas más poderosas en la comunidad quienes podrían tomar acciones, a menudo optan por no utilizar los servicios entregados por el gobierno; por ejemplo, enviando sus hijos a escuelas privadas. Adicionalmente, las comunidades enfrentan un clásico problema de coordinación: cuesta mucho trabajo monitorear la calidad de los servicios, y reclamar y luchar por un cambio si dichos servicios no están funcionando. Si bien la comunidad se beneficia de dicha acción, el beneficio para cualquier individuo es pequeño comparado con el esfuerzo involucrado y el riesgo de que el prestador del servicio pueda tomar represalias.

Existen muchas maneras de incorporar la participación local en el trabajo de desarrollo. Al asignar los fondos a nivel local, o permitir que los mismos ciudadanos seleccionen los programas y servicios que más valoran, se argumenta que los recursos serán utilizados en las necesidades con mayor prioridad. Muchos también mencionan que habiendo sido involucrados en el diseño de un proyecto, las comunidades locales mantendrán la corrupción a niveles bajos en el proyecto y estarán más involucrados en mantener esos índices. Actualmente existe poca evidencia de si esto es cierto, aunque se están realizando muchos estudios para probar estas hipótesis.

Una segunda forma de participación de la comunidad se da en la implementación de programas y proyectos de infraestructura; por ejemplo, cuando un contratista local es contratado para construir caminos o un profesor es contratado para reemplazar un profesor público. El argumento es que los proveedores locales tienen mayor probabilidad de comprender las necesidades locales, estar más sujetos a sanciones sociales si su desempeño es deficiente y se preocupan más de la calidad de los servicios e infraestructura.

Una tercera forma de participación de la comunidad es la supervisión de proyectos y servicios administrados en forma central. Al hacer que los contratistas y proveedores de servicios le rindan cuentas a las personas que les prestan el servicio directamente, se asume que la supervisión será más rigurosa, especialmente si un proyecto también está siendo implementado por la comunidad. Sin embargo, a menos que exista una autoridad creíble e incentivos asociados a la rendición de cuentas, no está claro si la supervisión de la comunidad por si misma mejorará la entrega de los servicios. Esta última forma de participación de la comunidad ha sido tema de muchas evaluaciones de impacto rigurosas y, por lo tanto, el foco de esta sección.

En todas las formas de participación de la comunidad existe el riesgo de apropiación por parte de la elite. Las elites locales pueden usar su influencia para asegurarse de que los proyectos locales los beneficien a ellos mismos, mientras que el gobierno central puede estar más preocupado por los pobres. Los proveedores locales de infraestructura y servicios puede que vengan de esta elite y pueden no estar sujetos a sanciones sociales por parte de los pobres. Discutimos maneras alternativas de mejorar la voz de las minorías y de las mujeres en la entrega de servicios locales en una página de Lecciones de Política que será publicada proximamente.