Creando un policy lab para evaluar la política de inclusión social en España

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Prime Minister Sánchez speaking with Abhijit Banerjee on a stage.
The Spanish president, Pedro Sánchez, and the scientific director of J-PAL Europe, Abhijit Banerjee, on July 4, 2022 in Madrid during a conference about national minimum income.
Image: Spanish Ministry of Inclusion, Social Security, and Migration

Este blogpost ha sido traducido y actualizado de la versión original publicada en ingles el 6 de septiembre.

J-PAL Europe, junto con un equipo de investigadores españoles e internacionales coordinados por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros, se ha asociado con el Ministerio Español de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM) para lanzar un Policy Lab con el objetivo de priorizar el uso de evidencia en las propuestas en materia de políticas sociales en España.

España ha destinado parte de sus 69.500 millones de euros del Plan de Recuperación Covid-19 Next Generation EU (Próxima Generación UE) a reforzar la resiliencia económica y social del país. Esto incluye una amplia gama de programas piloto de inclusión social para los hogares más vulnerables, que van desde el apoyo a la búsqueda de empleo, a las tutorías de refuerzo académico en línea, pasando por el cuidado de niños y la selección de beneficiarios de un plan nacional de ingreso mínimo vital (IMV) que se puso en marcha en 2020.

Para comprender mejor la eficacia de estas políticas, el Gobierno se ha comprometido a pilotar y evaluar cada uno de estos programas mediante una serie de evaluaciones aleatorizadas realizadas a través del Policy Lab, que aportarán ideas para la política social en España tanto a nivel nacional como regional.

La instauración de un sistema de ingreso mínimo vital en España

El objetivo principal del Policy Lab es crear aprendizajes para complementar o ampliar los efectos de un nuevo plan nacional de renta mínima diseñado para promover la inclusión social y el empleo de los hogares más vulnerables del país. Antes de la pandemia, España no contaba con un sistema nacional de renta mínima en contraposición con otros países de la UE. En su lugar, dependía de los planes de renta de los gobiernos regionales, que variaban en cuanto a tamaño y alcance, pero sólo llegaban a una media del 8 por ciento de las personas que vivían por debajo del umbral de pobreza.

El impacto del choque económico vinculado a la Covid-19 subrayó la necesidad de un programa de este tipo: los niveles de desempleo aumentaron hasta el 15,3 por ciento durante el segundo trimestre de 2020 y, a finales de ese año, los niveles de pobreza habían alcanzado su nivel más alto desde 2008. Esto situó a España como el quinto país con mayores tasas de pobreza de la Unión Europea (UE).

El ingreso mínimo vital (IMV) se puso en marcha en mayo de 2020 y proporciona una transferencia en efectivo a las personas y los hogares en función de sus ingresos y tamaño: unos 500 euros para una persona sola (en 2022) o 787 euros para un hogar biparental con un hijo. Diseñada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM), esta transferencia pretende proporcionar una base igualitaria de apoyo a los hogares vulnerables de toda España.

Complementar un plan de ingreso mínimo nacional con programas de protección social más amplios

Aunque los planes de ingreso mínimo son una herramienta importante para hacer frente a la pobreza, no siempre bastan por sí mismos para ayudar a los hogares a salir de la pobreza o promover una inclusión social más amplia. Intervenciones complementarias como las que se están probando en España pueden crear una serie de itinerarios hacia la inclusión social.

Hasta la fecha, MISSM ha financiado 34 intervenciones educativas, laborales y psicosociales propuestas por oenegés y gobiernos regionales y locales de todo el país. Entre otras cosas, se ofrece a los beneficiarios del IMV apoyo en la búsqueda de empleo y formación para el aprendizaje, clases particulares a medida para sus hijos y ayuda a las familias que todavía no reclaman las prestaciones sociales a las que tienen derecho.

Una apuesta decidida por una evaluación de impacto rigurosa

La audacia de esta apuesta  en política social procede del compromiso de emplear evaluaciones de impacto rigurosas para fundamentar las decisiones de política social. Para recibir financiación del Ministerio, todas las propuestas tienen que basarse en una evaluación aleatoria. Los resultados de estas evaluaciones permitirán al gobierno y a los socios ejecutores determinar si estos programas complementarios son realmente eficaces (y por qué) antes de ampliar las soluciones más efectivas.

Este esfuerzo a gran escala a todos los niveles de gobierno para generar y utilizar datos empíricos en el proceso de elaboración de políticas, podría constituir un valioso ejemplo para el diseño de la política social en el futuro, no sólo en España, sino también en Europa en general. La Comisión Europea ha expresado su interés en utilizar las enseñanzas de estas evaluaciones como aportaciones para futuras decisiones de financiación de programas de protección social en la región.

Este notorio esfuerzo implica trabajar con múltiples socios de ejecución y una gran heterogeneidad de contextos locales, la mayoría de los cuales no tienen experiencia previa en métodos de evaluación aleatoria. Garantizar que estos socios y programas utilizan las mejores prácticas para realizar evaluaciones de calidad -y que comprenden y aplican los resultados a la toma de decisiones- requiere el apoyo práctico de investigadores profundamente integrados en el contexto local.

Para apoyar esta labor, el Ministerio se ha asociado con J-PAL Europe y un grupo de dieciocho investigadores de destacadas universidades bajo la coordinación del Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) de Madrid. J-PAL Europe trabaja junto con el Ministerio y el CEMFI para construir la metodología de trabajo que permita extraer conclusiones objetivas y rigurosas a partir de estas evaluaciones aleatorias, no sólo para informar de los resultados de su intervención cada socio, sino también para contribuir a una creciente base de pruebas sobre el diseño de los programas sociales más eficaces en Europa.

Una oportunidad única para generar conocimiento sobre alianzas gubernamentales basadas en resultados empíricos

En J-PAL, nuestra misión es asegurar que las políticas estén basadas en resultados empíricos. Basada en la experiencia previa sabemos que, generalmente, las experiencias más exitosas son aquellas promovidas por la propia demanda de los responsables políticos por tener evidencia científica sobre ciertos temas relevantes para el diseño de políticas públicas. 

Esta colaboración con el Gobierno español, formalizada recientemente mediante un Memorándum de Entendimiento, supone una inversión considerable en el aprendizaje de las evaluaciones de las propuestas políticas consideradas desde conceptualización hasta implementación, y ofrece la oportunidad de aprovechar y compartir nuestras experiencias anteriores en materia de asociaciones gubernamentales. Entre otras cosas, colaboramos con el Ministerio para promover la utilización de los resultados de la investigación en los distintos niveles de gobierno y los diversos tipos de partes interesadas en la ejecución. Asimismo, trabajamos para crear una cultura de utilización de datos empíricos que perdure más allá del mandato de una administración en particular.

J-PAL Europe ha incorporado a un miembro de su equipo en el Ministerio para que preste asistencia técnica en el diseño de las evaluaciones, apoye el desarrollo de un sistema para transformar las pruebas generadas en políticas viables, y elabore un programa de aprendizaje para el futuro de la formulación de políticas. Al participar en el Comité Directivo que supervisa el proyecto, J-PAL Europe contribuye a la visión estratégica del Policy Lab y a su trayectoria a largo plazo.

Estamos deseando compartir los resultados de las evaluaciones en curso y las lecciones que surgirán, así como seguir apoyando al Gobierno español en sus ambiciosos esfuerzos.

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